martes 9 de febrero de 2010
viernes 5 de febrero de 2010
jueves 4 de febrero de 2010
Libertad de expresión, amenazada
Raymundo León Verde
Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes para decirlo.
Voltaire
El año pasado la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad adiciones al Código Penal Federal a fin de tipificar las conductas delictivas que impidan, interfieran, limiten o atenten contra el ejercicio periodístico.
De acuerdo con las reformas legales se considera como actividad periodística el ejercicio de buscar, recolectar, fotografiar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, imprimir, divulgar, publicar o difundir informaciones, noticias, ideas u opiniones para conocimiento del público en general, a través de cualquier medio de comunicación, así como la distribución de éstas.
Dicha tarea puede realizarse de manera habitual o esporádica, remunerada o no y sin que necesariamente exista una relación laboral con un medio.
El Código Penal actualmente establece sanciones de uno a cinco años de prisión y multas de cien a quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a quienes incurran en alguno de los delitos tipificados contra del ejercicio periodístico.
Lo anterior, sin duda, marca un avance con relación a la protección de los periodistas mexicanos que en los últimos años se han convertido en blanco de ataques de la delincuencia organizada y de otros grupos de poder como revelan diversas agrupaciones de periodistas y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos que reporta un total de 60 periodistas asesinados en México desde el 2000, además de que 8 más fueron secuestrados o se encuentran desaparecidos.
Sin embargo, para que una ley realmente tenga impacto se requiere que se aplique con todo rigor a los infractores de la misma, se trate de quien se trate.
Lo anterior viene a colación por la agresión que hace unos días recibió el editor de la revista local Puerto Viejo, Armando Suárez Martínez, quien interpuso una demanda ante las autoridades competentes por los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, intimidación, amenazas, robo, portación ilegal de arma de fuego e intento de homicidio contra el presidente municipal de Loreto, Yuan Yee Cunningham, y otros cinco “servidores públicos”.
Según la denuncia del periodista, ex reportero de El Peninsular, el jueves 21 de enero fue secuestrado, vejado y golpeado por funcionarios del municipio de Loreto, encabezados por el alcalde, quien le manifestó su malestar por las críticas recibidas en la revista Puerto Viejo.
Además de Yuan Yee, están implicados en la demanda, el director del sistema operador de agua potable de Loreto, Pedro Sotelo Davis; el director de la policía municipal Flavio Amador Hernández; el secretario de Finanzas Oscar Aguilar Yee; y dos empleados menores del ayuntamiento, uno de ellos René Savín, alías “El Tripa”.
Es decir, la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de la República para atender las denuncias de los periodistas tiene en este caso la oportunidad de demostrar que verdaderamente la ley no es letra muerta, que quienes atentan contra la libertad de expresión ameritan una sanción severa, sobre todo si se trata de un presidente municipal que se supone cuando asumió el cargo se comprometió a respetar y a hacer respetar la ley.
Una agresión de esta naturaleza contra un periodista no tiene ninguna justificación, pues para ello existen mecanismos legales para exigir el derecho de réplica o incluso sancionar a los comunicadores cuando incurren en calumnias, difamaciones, mentiras u otro tipo de excesos mediáticos.
La libertad de expresión no es una concesión de los gobernantes, sino un derecho consagrado en la Constitución de 1917 que si bien es cierto rompió las cadenas impuestas por el Estado Mexicano durante mucho tiempo hoy se ve amenazada por la delincuencia organizada y algunas autoridades regionales que actúan como si fueran caciques.
Lamentablemente los periodistas en muchos lugares del país hoy se enfrentar a la disyuntiva de cumplir con su deber de informar y poner en riesgo su integridad física y la de sus familias o ver y dejar pasar para no meterse en problemas, lo cual es por demás entendible en un estado donde al menos hasta ahora no se observan, en los hechos, garantías de seguridad para el ejercicio periodístico.
¿De qué sirve hablar si mañana vas a estar muerto y nadie se va a preocupar por investigar siquiera tu asesinato? Es el comentario de muchos comunicadores, quienes se ven desalentados por lo que ha sucedido en México, catalogado por Reporteros sin Fronteras como el lugar más peligroso del continente americano para el trabajo de los periodistas.
Ya es tiempo que las autoridades encargadas de investigar y dar seguimiento a las agresiones contra el ejercicio periodístico den muestras de que no están ahí de “parapeto”, pues si no es así México seguirá teniendo una libertad de expresión acotada por la autocensura y el temor, una libertad de expresión amenazada por los poderes formales y fácticos del país, una libertad de expresión que además enfrenta otro tipo de represiones como la comercial que igual desalienta la crítica de fondo.
Esperamos que el caso de Armando Suárez sea atendido con seriedad por parte de las autoridades encargadas de darle seguimiento, pues este asunto no debe quedar impune. La falta de atención a esta denuncia sería un mal precedente para Baja California Sur, un estado donde la tolerancia a la crítica parece haberse agotado para algunos gobernantes como Yuan Yee, quien hasta ahora no ha desmentido al periodista y peor aún, le ha restado importancia a este “incidente”.
Raymundo León Verde
Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes para decirlo.
Voltaire
El año pasado la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad adiciones al Código Penal Federal a fin de tipificar las conductas delictivas que impidan, interfieran, limiten o atenten contra el ejercicio periodístico.
De acuerdo con las reformas legales se considera como actividad periodística el ejercicio de buscar, recolectar, fotografiar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, imprimir, divulgar, publicar o difundir informaciones, noticias, ideas u opiniones para conocimiento del público en general, a través de cualquier medio de comunicación, así como la distribución de éstas.
Dicha tarea puede realizarse de manera habitual o esporádica, remunerada o no y sin que necesariamente exista una relación laboral con un medio.
El Código Penal actualmente establece sanciones de uno a cinco años de prisión y multas de cien a quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal a quienes incurran en alguno de los delitos tipificados contra del ejercicio periodístico.
Lo anterior, sin duda, marca un avance con relación a la protección de los periodistas mexicanos que en los últimos años se han convertido en blanco de ataques de la delincuencia organizada y de otros grupos de poder como revelan diversas agrupaciones de periodistas y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos que reporta un total de 60 periodistas asesinados en México desde el 2000, además de que 8 más fueron secuestrados o se encuentran desaparecidos.
Sin embargo, para que una ley realmente tenga impacto se requiere que se aplique con todo rigor a los infractores de la misma, se trate de quien se trate.
Lo anterior viene a colación por la agresión que hace unos días recibió el editor de la revista local Puerto Viejo, Armando Suárez Martínez, quien interpuso una demanda ante las autoridades competentes por los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición forzada, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, intimidación, amenazas, robo, portación ilegal de arma de fuego e intento de homicidio contra el presidente municipal de Loreto, Yuan Yee Cunningham, y otros cinco “servidores públicos”.
Según la denuncia del periodista, ex reportero de El Peninsular, el jueves 21 de enero fue secuestrado, vejado y golpeado por funcionarios del municipio de Loreto, encabezados por el alcalde, quien le manifestó su malestar por las críticas recibidas en la revista Puerto Viejo.
Además de Yuan Yee, están implicados en la demanda, el director del sistema operador de agua potable de Loreto, Pedro Sotelo Davis; el director de la policía municipal Flavio Amador Hernández; el secretario de Finanzas Oscar Aguilar Yee; y dos empleados menores del ayuntamiento, uno de ellos René Savín, alías “El Tripa”.
Es decir, la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de la República para atender las denuncias de los periodistas tiene en este caso la oportunidad de demostrar que verdaderamente la ley no es letra muerta, que quienes atentan contra la libertad de expresión ameritan una sanción severa, sobre todo si se trata de un presidente municipal que se supone cuando asumió el cargo se comprometió a respetar y a hacer respetar la ley.
Una agresión de esta naturaleza contra un periodista no tiene ninguna justificación, pues para ello existen mecanismos legales para exigir el derecho de réplica o incluso sancionar a los comunicadores cuando incurren en calumnias, difamaciones, mentiras u otro tipo de excesos mediáticos.
La libertad de expresión no es una concesión de los gobernantes, sino un derecho consagrado en la Constitución de 1917 que si bien es cierto rompió las cadenas impuestas por el Estado Mexicano durante mucho tiempo hoy se ve amenazada por la delincuencia organizada y algunas autoridades regionales que actúan como si fueran caciques.
Lamentablemente los periodistas en muchos lugares del país hoy se enfrentar a la disyuntiva de cumplir con su deber de informar y poner en riesgo su integridad física y la de sus familias o ver y dejar pasar para no meterse en problemas, lo cual es por demás entendible en un estado donde al menos hasta ahora no se observan, en los hechos, garantías de seguridad para el ejercicio periodístico.
¿De qué sirve hablar si mañana vas a estar muerto y nadie se va a preocupar por investigar siquiera tu asesinato? Es el comentario de muchos comunicadores, quienes se ven desalentados por lo que ha sucedido en México, catalogado por Reporteros sin Fronteras como el lugar más peligroso del continente americano para el trabajo de los periodistas.
Ya es tiempo que las autoridades encargadas de investigar y dar seguimiento a las agresiones contra el ejercicio periodístico den muestras de que no están ahí de “parapeto”, pues si no es así México seguirá teniendo una libertad de expresión acotada por la autocensura y el temor, una libertad de expresión amenazada por los poderes formales y fácticos del país, una libertad de expresión que además enfrenta otro tipo de represiones como la comercial que igual desalienta la crítica de fondo.
Esperamos que el caso de Armando Suárez sea atendido con seriedad por parte de las autoridades encargadas de darle seguimiento, pues este asunto no debe quedar impune. La falta de atención a esta denuncia sería un mal precedente para Baja California Sur, un estado donde la tolerancia a la crítica parece haberse agotado para algunos gobernantes como Yuan Yee, quien hasta ahora no ha desmentido al periodista y peor aún, le ha restado importancia a este “incidente”.
miércoles 3 de febrero de 2010
viernes 29 de enero de 2010
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